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Velásquez no tiene derecho de antejuicio por ley a favor de Oviedo

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Fiscalía. Zoraida Ávalos concluye que Javier Velásquez, Marisol Espinoza y Héctor Becerril deben ser juzgados en Chiclayo.

La Fiscalía de la Nación insiste. A los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza no les alcanza el antejuicio por la presunta recepción de dinero para propiciar leyes que permitieran la permanencia de Edwin Oviedo al frente de la azucarera Tumán.

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La fiscalía había definido este tema en dos resoluciones del 28 de marzo y 9 de julio del 2018, dadas por el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Los congresistas del Apra y Alianza para el Progreso deben ser juzgados en Chiclayo, sin tener que pasar por el filtro del Congreso.

El 31 de mayo, el fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, inició la investigación contra Velásquez y Espinoza por corrupción de funcionarios, cohecho.

Velásquez y Espinoza no se quedaron conformes. Plantearon una cuestión previa ante el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Ambos invocaron una inexistente protección constitucional por reelección, lo que permitió que, el 21 de diciembre del 2018, el fiscal Pedro Gonzalo Chávarry decidiera revaluar el tema.

Buscando el blindaje
Si se reconoce el derecho de antejuicio -lo que buscan Velásquez Quesquén y Espinoza- la Fiscalía tendría que requerir autorización del Congreso para investigarlos y poder juzgarlos. En este caso también está incluido el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

Pero esa autorización hoy no sería posible, como se ve en otros casos y en el blindaje a Chávarry.

Pero a Chávarry no le alcanzó el tiempo para pronunciarse.

Al asumir la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ávalos se encontró con este enredo. Su predecesor no sustentó por qué se debía cambiar la posición asumida en marzo y julio del 2018.

Pues bien: Ávalos ha revisado el caso y concluyó que no hay nada por cambiar, por lo que decidió plantear la nulidad absoluta de la resolución del 8° Juzgado de Chiclayo, que permitió la intervención de Chávarry, por ser contraria a la Constitución; esto es, la reelección no genera derechos adicionales.

Dinero en efectivo
Según el colaborador CE-12-2015, en julio del 2011, Gregorio Leguía, colaborador de Oviedo, llegó al hotel Sheraton en Lima y le entregó a Velásquez una mochila con 70 mil soles en efectivo.

En otra oportunidad, Leguía viajó a Piura y le entregó un maletín con dinero a la congresista Espinoza. Ambos congresistas niegan la denuncia.

Los pagos, según la Fiscalía, fueron la retribución por la aprobación de la ley de protección empresarial a las empresas azucareras que permitió la permanencia de Oviedo en Tumán. El Congreso aprobó esa norma en abril del 2011.

Son hechos del mandato 2006 al 2011
– La Fiscalía de la Nación considera que los hechos ilícitos atribuidos a Javier Velásquez y Marisol Espinoza están fuera del marco temporal de inmunidad parlamentaria que reconoce la Constitución.

– Los hechos ilícitos habrían ocurrido el 2011. La Constitución les reconoce derecho de antejuicio durante su periodo (2006-2011) y cinco años más, esto es hasta el 2016.

La República

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