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Desalojo de 3,500 ambulantes del Modelo en su hora cero

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El 21 de noviembre de 2011, el Segundo Juzgado Civil emitió la sentencia para reordenar el mercado Modelo, a la fecha la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) está lista para ejecutar el desalojo de más de 3,500 ambulantes con 1,200 policías de las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad.

Otro de los objetivos del ayuntamiento —y no menos importante— es lograr la sostenibilidad del fallo judicial en el tiempo, una prueba de fuego que las dos gestiones anteriores no consiguieron, es decir, en los períodos de los exburgomaestres Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, ambos actualmente recluidos en el penal de Chiclayo por hechos de corrupción.

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De larga data

El problema del comercio ambulatorio y la calamitosa situación del Modelo no son nuevos. Es por eso que por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, la Tercera Fiscalía Provincial Civil de Chiclayo interpuso una demanda a fin de que se cumplan con las recomendaciones del Informe n.° 00417 del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), lo que conllevó a realizar acciones en el marco del Expediente n.° 7552-2006.

En este contexto, el 22 de marzo del 2013, la Segunda Sala Civil, presidida por José Rodríguez Tanta, confirmó la sentencia de primera instancia. Aunque fue la Resolución n.° 158 del Segundo Juzgado, de julio de este año, que puso en aprietos a la comuna chiclayana, al otorgarle 30 días para ejecutar la sentencia, plazo que está por caducar.

A lo largo de los años la consolidación del ordenamiento del mercado Modelo quedó en intentos. A diferencia de la gestión de David Cornejo, en la que no se realizaron diligencias, Roberto Torres dio luz verde a un operativo integral el 24 de abril de 2014 con la participación de agentes del orden de las regiones vecinas.

Los resultados positivos se mantuvieron algunos días con la intervención de la Policía. Empero, el desinterés de las autoridades ediles, el supuesto pago de coimas y la falta de recursos, trajo de vuelta el desorden y la tugurización, situación que se complica —ahora— con la presencia de ambulantes venezolanos.

A cumplir

Entre las recomendaciones de Indeci está la recuperación del espacio público, el reordenamiento del comercio informal, evitar la acumulación de mercadería en los pasadizos del centro de abasto, mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas y otras.

Si bien el Poder Judicial advirtió que de no respetarse el fallo se dictaría orden de captura contra los funcionarios responsables, ayer el alcalde Marcos Gasco, en una reunión con los miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, invocó a las autoridades a sumarse al trabajo de reordenamiento.

“La sentencia judicial se cumple y el operativo se ejecutará en los primeros días de setiembre. Se invoca a los ambulantes a dejar las calles de manera pacífica”, expresó.

Compromiso

La autoridad municipal precisó que el último empadronamiento indica que son 3,500 informales los que han bloqueado las arterias adyacentes al mercado Modelo, lo que incluso afecta la circulación de las unidades vehiculares de la Compañía de Bomberos, la cual se ubica en la calle Héroes Civiles.

Gasco asumió el compromiso para que los efectos de la sentencias perduren. En ese sentido afirmó que se coordinó con el comando policial para contar con la presencia de los custodios del orden en el lugar por meses, además de cerrarse las vías y realizar monitoreos.

La República

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