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Operadores serían destituidos si omiten información sobre deudas alimentarias.

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En reciente información, el Poder Judicial, reitera que los operadores de justicia que omitan brindar información o datos sobre algún proceso de incumplimiento de obligaciones alimentarias, estarían incurriendo en una falta grave que podría valerle la destitución de la entidad judicial.

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Luisa Baldeón, abogada de la Gerencia de Servicios Sociales del Poder Judicial, sostuvo que el Redam registra a aquellas personas que han incumplido con sus obligaciones alimentarias de tres cuotas consecutivas o más, siempre que estén en una sentencia consentida o ejecutoriada y en los acuerdos conciliatorios.

Se informó, que en lo que va del presente año, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM ha emitido 1 mil 235 resoluciones por incumplimiento del pago de pensiones por alimentos, establecidas por proceso judicial o acuerdo conciliatorio; y, que en el 2017 fueron expedidos 4 mil 935 certificados de morosos alimentarios, en tanto que el 2016 la cifra alcanzó los 4 mil 568.

Baldeón anotó que las entidades privadas o públicas deben acudir a la base de datos del Redam, a través de la página web del Poder Judicial, para verificar si la persona con quien inician un contrato financiero, comercial o laboral incurre en el mencionado incumplimiento y figura como deudor moroso frente al menor.

La información contenida en el registro, además, es proporcionada cada mes a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a efectos de registrar la deuda alimentaria en la Central de Riesgos de esas instituciones. Adicionalmente, la información es remitida a las centrales de riesgo privadas de cualquier institución financiera.

Las inscripciones son realizadas por mandato judicial a pedido de la parte afectada y la solicitud de declaración de deudor alimentario es efectuada en el juzgado o corte donde fue realizado el juicio y que en cada corte superior de justicia, existen oficinas de registros distritales donde las sentencias son inscritas y alimentan la base de datos del Poder Judicial.

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