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Congreso aprueba exclusión de trabajadores judiciales de la Ley Servir

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Con la reciente aprobación de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, el Congreso de la República privilegió al poder judicial al excluir a sus servidores de la Ley Servir, norma impuesta para todo trabajador del Estado.

El Presidente del Poder Judicial e impulsor de la privilegiada norma, Duberlí Rodríguez Tineo, saludó la decisión del Pleno del Congreso, la misma que fue observada en su oportunidad por el Poder Ejecutivo y que a partir de su aprobación establecerá la estructura y organización funcional de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos de dicha institución judicial.

Rodríguez Tineo, señaló, que la nueva ley es el mayor anhelo de los servidores judiciales en los últimos 20 años, mientras los dirigentes sindicales manifiestan se trata de una justa reivindicación.

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La norma establece lo relacionado a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los derechos colectivos de los trabajadores judiciales y los convenios laborales; del derecho a huelga, de la que nos tienen acostumbrados interfiriendo los procesos judiciales y que el Ministerio de Economía y Finanzas con el Poder Judicial conformarán una Comisión de Trabajo encargada de elaborar la ley de escala remunerativa de los trabajadores.

Establece, que no podrán acceder a la carrera judicial quienes hayan sido condenados por delito doloso, destituidos o despedidos de cualquier dependencia pública o de la actividad privada por falta grave y que el sistema de ingreso será mediante concurso público de mérito.

La ley también promueve la capacitación permanente de los servidores y prohibe, aceptar de los litigantes o abogados donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor; ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución que tenga juicio en trámite contra el Estado.

Precisa, que los trabajadores de la carrera judicial, están excluidos de los alcances de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y el Poder Judicial en el plazo de 90 días deberá emitir las disposiciones reglamentarias necesarias.

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